Por cierto, el recurrente asimismo había alegado incorrectamente en su escrito -si nos atenemos a mi criterio, claro- ya que proponía como fecha de comienzo del balance de los 20 años la de la práctica de la prórroga, en vez de la fecha de nuestra anotación. Con la interpretación sentada por la Instrucción de este Centro Directivo de 12 de diciembre de 2000 reiterada en varias ocasiones (cfr. Resoluciones citadas en los «Vistos» de la presente) quedó claro que, para las notas precautorias prorrogadas antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2000, no era preciso ordenar nuevas prórrogas, según el párrafo segundo del artículo 199 del Reglamento Hipotecario, con lo que no cabe su cancelación por caducidad. Esa regla general tiene una excepción y es la relativa a las anotaciones precautorias prorrogadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no incurren en caducidad y, si no incurren en caducidad, solo tienen la posibilidad de ser anuladas si ha recaído resolución determinante firme en el procedimiento en que la anotación preventiva y su prórroga hubieren sido decretadas o lo ordene la autoridad judicial que ordenó practicarla. 3.1 Por el hecho de que si tanto la prórroga de la anotación como la nota marginal de la expedición de certificación de cargas son asientos relativos a la reclamación de la obligación garantizada, siempre y en todo momento va a existir perseverancia registral de esa reclamación, con lo que jamás podrá resultar de aplicación el período de 40 años. El régimen resultante de la reforma de 1944 establecía, por tanto, un período de caducidad general de las anotaciones precautorias de 4 años con oportunidad de una sola prórroga por plazo de cuatro años mucho más pasado el cual la anotación preventiva expiraba sin posibilidad de ser de nuevo prorrogada.
En este tercer supuesto, siendo la prórroga, y no la anotación, lo que se había practicado antes de entrar en vigor la Ley de Enjuiciamiento Civil, la solución adoptada es que continuaran rigiéndose por la previo legislación, aplicándose lo preparado en el producto 199.2.º del Reglamento Hipotecario, considerándose por consiguiente la prórroga indefinida, sin necesidad de solicitar su renovación a los 4 años. De hecho, el artículo del artículo 86, apartado primero, de la Ley Hipotecaria que estuvo vigente hasta el día 8 de enero de 2001 venía a establecer que las notas preventivas, cualquier persona que fuera su origen, caducaban a los 4 años, salvo aquéllas que tuvieran señalado un plazo más breve. No obstante, a instancia de los apasionados o por mandato de las autoridades que las decretaron, se dejaba una única prórroga por un plazo de cuatro años mucho más.
Solicitud Cancelacion Embargo
Si la nueva ley hubiese querido que este precepto se aplicase a asientos de anotación precautoria, apartándose del régimen general de caducidad de exactamente las mismas, de esta manera lo habría dispuesto o, cuando menos, habría predeterminado un régimen transitorio para las anotaciones prorrogadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que no se ha hecho. VI. Con relación a las anotaciones preventivas prorrogadas antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2000, no será preciso, por consiguiente, organizar nuevas prórrogas, ni procederá entrenar taburete alguno en el Registro de la Propiedad en el caso de que a pesar de todo se libre mandamiento de prórroga. Como conclusión, de los antecedentes fácticos expuestos resulta, tal y como señala la nota de calificación, que la anotación precautoria fue objeto de prórroga con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva redacción del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, por lo que queda sometida a prórroga indefinida en los términos del producto 199.2 del Reglamento Hipotecario…”. Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un período más corto.
La Agencia Tributaria, en el marco de sus competencias, puede acordar medidas cautelares cuando se cumplan los capitales que el producto 81 de la Ley General Tributaria establece. Y, excepcionalmente, va a poder dictarlas sin la previa notificación al perjudicado, más allá de que de forma inmediata va a deber realizar esa notificación para que este pueda ejercer la defensa de sus intereses en el trámite. En este sentido, no va a ser no obstante admisible que el embargo precautorio adoptado inaudita parte logre transformarse en embargo ejecutivo o prorrogarse alén de los seis meses de vigencia inicial, sin que entonces sí se acredite la oportuna notificación al afectado titular registral de la finca embargada.
Cerrar la especial orientación de las cues-tiones, que no obstante, representan una posición minoritaria en el reciente panorama … De cualquier entusiasmado, ser instada al juez introduciendo en dicha solicitud al mismo tiempo la cancelación de los asientos registrales 26 . Compañías incumplidoras, como son la cancelación de la acreditación brindada por la autoridad … En que se presente la pertinente solicitud”; y aplican el plazo trimestral de …
¿De Qué Manera Se Cancela Un Embargo Judicial?
El producto 18 de la Ley Hipotecaria establece en su párrafo primero que “Los Registradores calificarán, bajo su compromiso, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de todo tipo en cuya virtud se solicite la inscripción, tal como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos gadgets contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro”. Con el mandamiento de cancelación original emitido por el organismo encargado del procedimiento judicial. Las anotaciones caducadas de embargo ocurren en el momento en que han pasado cuatro años desde el instante en que se realizó la anotación en el Registro y no ha sido prorrogada.
El único problema que expone el presente recurso es el de dilucidar si, prorrogado por seis meses el período de una anotación de embargo cautelar por deudas a la Hacienda Pública, puede convertirse tal anotación en embargo definitivo en el momento en que se presenta en el Registro días después de pasado aquél plazo de prórroga. En un caso así se deberá pedirse al Registro de la Propiedad, probando apropiadamente que se ha cancelado la deuda, que cancele o elimine la anotación preventiva de embargo sobre el bien en cuestión. Anotaciones de embargo judiciales, son las que se hacen autorizadas por un tribunal en el contexto de un trámite judicial, a petición del acreedor.
Por contra, si la prórroga se ha decretado expresamente y presentado en el Registro con posterioridad a la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuatro años, va a poder cancelarse por caducidad cuando transcurra el período de prórroga sin que se haya vuelto a prorrogar. Método que ha sido afirmado en numerosas Resoluciones de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones citadas en los «Vistos»), dándose ahora por reproducidas, sin que proceda ahora recogerlas de nuevo en su extensión. Según lo preparado en el parágrafo segundo del producto 199 del Reglamento Hipotecario, «las notas preventivas ordenadas por la Autoridad Judicial no se cancelarán por caducidad, tras derrotada la prórroga establecida en el artículo 86 de la Ley, hasta el momento en que haya recaído resolución definitiva firme en el trámite en que la anotación precautoria y su prórroga hubieren sido decretadas».
Es tan sencillo como asistir al Juzgado donde se gestiona el procedimiento, pedir testimonio de los autos y si el trámite ha concluido pedir testimonio de la resolución que le puso término o la expedición de mandamiento de cancelación de la anotación. Hablamos de procedimientos judiciales que se conservan en el órgano judicial ante quien se gestionan y a los que se puede entrar a través de su búsqueda, de la misma resulta necesario acceder a ellos, por muy paralizados que estén, en el caso de que el ejecutante reactive el trámite mediante la expedición de la certificación de dominio y cargas como acreditan los hechos puestos de manifiesto en las resoluciones de la Dirección General de 9 de febrero de 2021 y 7 de junio de 2022. Conforme a lo dicho anteriormente, en el caso objeto de este recurso no procede la cancelación de la anotación de embargo preventivo prorrogada hasta el momento en que transcurra el plazo del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, esto es, 4 años desde la fecha de la anotación de prórroga o se acredite fehacientemente el alzamiento del embargo mediante documento administrativo expedido por la autoridad que dictaminó el embargo. A estos efectos, la certificación aportada en el caso objeto de recurso no es título hábil para seguir a la cancelación pues, expedida al efecto exclusivo de conseguir una subvención otorgada por las Gestiones Públicas, no acredita, específicamente, el pago de la cantidad reclamada que motivó la anotación preventiva practicada. Se habla por consiguiente, de que deben observarse las formalidades correctas para el acto cancelatorio (cfr. producto 83 de la Ley Hipotecaria) de forma que se acredite el hecho y la causa de la cancelación, siendo no un acto discrecional de la Administración Tributaria sino un acto debido el mandar el mandamiento cancelatorio una vez se haya verificado el pago o el acuerdo de extinción de la deuda por cualquier otra causa (cfr. producto 173 de la Ley General Tributaria).
Sin embargo, cabía interpretar, aplicando los principios que inspiran la disposición transitoria séptima de la Ley 1/2000, que las anotaciones practicadas antes de ingresar en vigor la ley debían seguirse rigiendo por la legislación anterior, si bien podría solicitarse y conseguirse su revisión y modificación con arreglo al nuevo producto 86 de la Ley Hipotecaria. Aun teniendo en cuenta este principio, parecía incierta la solución a adoptar en lo que se refiere a las anotaciones prorrogadas judicialmente antes de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, regidas por el artículo 199.2.º del Reglamento Hipotecario. Así cabía interpretar que tales notas prorrogadas por el momento no estaban sostienes a prórroga indefinida, sino transcurridos los primeros 4 años, debía solicitarse una exclusiva prórroga.
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Cancelación Por Caducidad
Tampoco resultaba viable reconducir estas anotaciones a la normativa vigente a través de la prórroga de exactamente las mismas ordenadas y practicada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hoy en dia esa oportunidad si cabría con la expedición de la certificación de dominio y cargas dependiendo de la interpretación que efectúa la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2021. Ocurre, sin embargo, que desde la perspectiva de Derecho transitorio, en el instante de ingresar en vigor la Ley de Enjuiciamiento Civil, existían numerosas notas precautorias, prorrogadas varios años antes, sobre las que podía dudarse si iban a seguir o no en tal situación de prórroga indefinida. Tras el envío de este comentario para su difusión, he tenido conocimiento, merced a nyr, de la publicación de la recentísima sentencia del Triibunal Supremo de 4 de mayo de 2021 que, tal y como reza el titular de la noticia que enlaza con su contenido, viene a «hacer» una prórroga de la anotación de embargo por 4 años no prevista legalmente, desde la fecha de emisión de la certificación de cargas. Obviamente no he podido tenerla presente en mi análisis, y indudablemente además, sería precipitado por mi parte obtener de ella secuelas en relación al tema tratado. Quisiera que mucho más próximamente que tarde van a existir análisis de esa resolución judicial, tal como sobre su alcance en la práctica, por la parte de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y la doctrina más autorizada.