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23. El procedimiento abreviado, en lo no dispuesto en este capítulo, se regirá por las reglas generales de la presente Ley. O Relación circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo número realice desaconsejable la citada relación.

Se regulan dos formas de recurso para la unificación de doctrina, cuyo conocimiento corresponderá, respectivamente, al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia. Sin merma de sus características comunes, empezando por el «nomen iuris», el recurso admite modulaciones de relieve dependiendo del objeto sobre el que recae. No obstante, la trascendencia y amplitud de las transformaciones a las que la institución debe acomodarse hacían inevitable una revisión general de su régimen jurídico, imposible de emprender mediante sencillos detalles de la legislación anterior. Además, la reforma no sólo quiere responder a los desafíos de nuestro tiempo, sino, dentro de lo posible y con la necesaria prudencia, mira al futuro e introduce aquí y allí preceptos y cláusulas en general que a la doctrinayalajurisprudencia corresponde dotar de contenido exacto, con el fin de perfeccionar el funcionamiento de la Jurisdicción.

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No obstante lo preparado en el parágrafo previo, se impondrán las costas a la parte cuyas pretensiones hayan sido desechadas en el momento en que de otro modo se haría perder al recurso su finalidad. Los interesados van a poder solicitar en cualquier estado del desarrollo la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia. Estable la sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad, se comunicará al Juez o Tribunal que la propuso. Con el escrito de personación y alegaciones va a poder acompañarse la documentación que se estime oportuna para enjuiciar la legalidad de la disposición cuestionada. En el supuesto de posibles motivos de inadmisión del trámite se convocará a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia, que habrá de celebrarse antes de transcurrir cinco días, donde se les va a oír sobre la procedencia de dar al recurso la tramitación sosprechada en este capítulo. B) Que el Juez o Tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, para saber de sus metas de reconocimiento de dicha situación personalizada.

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Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo van a conocer de las pretensiones que se deduzcan con relación a la actuación de las Gestiones públicas sosten al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. El artículo íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, algún otro que estimen procedente. El texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el período para interponerlos, sin que los apasionados logren entrenar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. De forma exclusiva a las Administraciones públicas contra cuya actividad se dirija el recurso y, extraordinariamente, si el demandante fundase sus metas en la ilegalidad de una predisposición general, se considerará también parte demandada a la Administración autora de exactamente la misma, si bien no proceda de ella la actuación recurrida. El órgano jurisdiccional podrá, motivadamente, substituir el trámite de vista por el de alegaciones escritas, que se presentarán en el plazo común de los diez días siguientes a la notificación del auto en que de esta forma se acuerde.

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Por los gobernantes a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos a menos que se acredite lo opuesto. Sí, porque el recurso de reposición es potestativo. No puede declarar de trabajo la nulidad de pleno derecho, pero sí la anulabilidad, y sin precisar acudirá los Tribunales. El recurso quedó estimado por silencio administrativo. El recurso ha quedado desestimado por silencio administrativo. Va a deber denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave o leve de los intereses en general o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada.

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El Juez o Tribunal, atendidas las circunstancias de particular urgencia que concurran en la situacion, adoptará la medida sin oír a la parte contraria. Contra este auto no se dará recurso alguno. En la misma resolución, el Juez o Tribunal convocará a las partes a una comparecencia, que habrá de celebrarse dentro de los tres días siguientes, sobre el alzamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada.

En otro caso, dictará auto animado declarando la inadmisión del recurso, pero antes de resolver va a poner de manifiesto concisamente la posible causa de inadmisión a las partes, en el período común de cinco días, para que formulen las alegaciones que estimen procedentes. Contra el auto de inadmisión va a poder interponerse recurso de protesta, que se sustanciará conformemente con lo predeterminado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sólo van a ser susceptibles de recurso de casación para la unificación de doctrina aquellas sentencias que no sean recurribles en casación con arreglo a lo predeterminado en la letra b) del producto 86.2, siempre y cuando la cuantía litigiosa sea mayor a tres millones de pesetas. Las sentencias dictadas en única instancia por la Salón de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia van a ser susceptibles de recurso de casación frente a la Salón de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. El recurso de apelación se interpondrá ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, en los quince días siguientes al de su notificación, a través de escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso.

3ª todos los efectos, la tramitación de estos recursos va a tener carácter preferente. La petición deberá dirigirse a la Administración requerida. Si transcurrieren tres meses sin que se notifique resolución alguna o en el momento en que la Administración denegare la solicitud de modo expreso, va a poder acudirse sin más ni más trámites al Juez o Tribunal de la ejecución en el plazo de dos meses, contados desde el lapso del período antes correcto o desde el día después a la notificación de la resolución denegatoria. C) Que pidan la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso.

D) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones la gente jurídicas conformemente con las reglas o estatutos que les sean de app, a menos que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente en el cuerpo del archivo citado en la letra a) de este mismo apartado. A) El archivo que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo Juzgado o Tribunal, en tal caso podrá pedirse que se expida certificación para su unión a los coches. Cuando nuestra Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación frente a la Jurisdicción Contencioso-administrativa va a deber, previamente, declararlo lesivo para el interés público. En los supuestos de acumulación o de ampliación, la cuantía vendrá cierta por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquéllas, pero no comunicará a las de cuantía inferior la oportunidad de casación o apelación. La cuantía del recurso contencioso-administrativo vendrá determinada por el valor económico de la intención objeto del mismo.

No se aceptarán escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Cuando el número de testigos fuera excesivo y, a criterio del órgano judicial, sus manifestaciones tengan la posibilidad de constituir inútil reiteración del testimonio sobre hechos suficientemente dilucidados, aquel podrá limitarlos discrecionalmente. Formulada oposición, el Juez resolverá estimándola, en cuyo caso proseguirá la vista conforme a lo reglado en los apartados siguientes, o desestimándola en la misma sentencia que dicte conforme a lo pensado en el párrafo anterior, antes de solucionar sobre el fondo, como particular pronunciamiento. Si no se suscitasen las cuestiones procesales a que se refieren los apartados precedentes o si, habiéndose suscitado, se resolviese por el Juez la continuación del juicio, se va a dar la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se plantearán las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o inútiles, se practicarán a continuación. La estimación de metas de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada solo producirá efectos entre las partes.